Historia del Golpe de Estado en Argentina de 1976

Golpe de Estado en Argentina de 1976 (24 de marzo de 1976 – 1983). Esta acción militar fue liderada por el General Jorge Rafael Videla ayudado por Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, entre otros. En aquel momento el gobierno estaba en manos de Estela Martínez de Perón; tras el fallecimiento de su esposo Juan Domingo Perón. La madrugada antes de iniciar el fatídico día, la presidenta fue capturada por órdenes del General José Rogelio Villarreal.

El Golpe de Estado tuvo sus antecedentes en el marco de la doctrina nacional de la Guerra Fría, difundida por los Estados Unidos. En esa etapa, Argentina era el único país del Cono Sur que no había vivido un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Esta intervención militar, se hizo llamar “Proceso de Reorganización Nacional”. Los integrantes de la Junta Militar recibieron entrenamiento durante 12 meses en la famosa Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y financiada y dirigida por los Estados Unidos. El Golpe de Estado concordó con las dictaduras llevadas a cabo en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, además de contar con la complicidad del gobierno de Norteamérica y de la Iglesia Católica.

Jorge Videla asumió las riendas del país bajo el papel de presidente de la nación, el 29 de marzo de 1976. Lo primero que ordenó Videla fue interrumpir las funciones del Congreso Nacional, prohibir los partidos políticos y destituyeron los miembros de Corte Suprema, en su lugar ocuparon la Corte los abogados, Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. Asimismo, hubo una fuerte intervención de los sindicatos y se suspendieron los derechos de los trabajadores.

Cinco años después, Videla fue desplazado por el general Roberto Eduardo Viola en 1981, cuando se constituyó la segunda junta militar, junta conformada por el Teniente General Roberto Viola, el Almirante Armando Lambruschini y el Brigadier General Omar Graffigna. Durante el gobierno de Viola, la dictadura se recrudeció. Hubo una masiva violación de los derechos humanos, dejando como saldo final la desaparición de aproximadamente 30 mil personas.  Los centros clandestinos, fueron sitios instituidos para llevar a cabo actos de represión, como secuestro, supresión del derecho a la defensa, encarcelamientos ilegales, detención, tortura, y en la mayoría de los casos ejecución.

La Junta Militar implantó la pena de muerte, aunque siempre fuera de la ley, es decir que no se aplicaba normativamente la misma. Algunas estimaciones hablan de diez mil casos comprobados de personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. La barbaridad de esta dictadura fue tal, que los hijos de los prisioneros, sin importar su corta edad, otros nacidos en los centros clandestinos de reclusión durante el cautiverio de sus padres fueron desaparecidos.

La población argentina en general vivió un clima de miedo de censura, consecuencia de ser testigos de la represión diaria. El gobierno instauró, además, un rígido control sobre los medios de comunicación, televisivos y escritos, vigilaron cualquier tipo de actos, como por ejemplo las manifestaciones artísticas. El espíritu coercitivo del Estado terrorista silenció cualquier tipo de opinión o información entendida como peligrosa o contraria a los ideales del gobierno.

En el sector económico las consecuencias fueron desastrosas: el rendimiento de la industria nacional cayó, debido al impulso de la importación de productos fabricados en el exterior. Debido a esto miles de trabajadores perdieron su trabajo o tuvieron que sobrevivir con salarios paupérrimos, por lo que muchas familias llegaron a vivir en suburbios. La dictadura generó un desequilibrio económico, debido a la gran inversión al ramo militar. Como consecuencia tuvo que acudir a préstamos en el exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del país. Al mismo tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación y vivienda, empeorando las condiciones de vida de todos los sectores argentinos.

Los militares que ocuparon el gobierno durante el periodo dictatorial favorecieron las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del golpe. Fueron ubicados principalmente en el Ministerio de Economía, asumido por el empresario argentino José Alfredo Martínez de Hoz. La Secretaría de Ganadería le incumbió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta. Por su parte, el manejo del Banco Central fue regida por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, siendo designado el economista Adolfo Diz. En adición, el Ministerio de Educación estuvo a cargo por un grupo del CONICET, siendo nombrado Ricardo Bruera.  A partir de la presidencia de Viola, el Ministerio de Economía se amplió en varios ministerios a cargo de organizaciones privadas empresariales. Es importante mencionar que una tercera parte de los cargos públicos quedó en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas.

El proyecto del poder dictatorial se completó con el nombramiento de gobernadores en cada provincia e intendentes en las ciudades. Los gobernadores en las provincias, eventualmente fueron militares. En el caso de los intendentes de ciudades, en un gran número se trató de políticos civiles. Con el tiempo, el ordenamiento institucional y jurídico se caracterizó por su disconformidad y arbitrariedad. A tal punto de no cumplir las leyes de la dictadura.

Después de siete años de dictadura, regidas por cinco juntas militares, la presión internacional, la demanda popular, destaca por Las Madres de la Plaza de Mayo, un conjunto de madres de los desaparecidos que se organizaron durante la dictadura para descubrir el destino de sus hijos, y el desgaste político de los grupos gobernantes, profundizado por la derrota contra el Reino Unido en la guerra de Malvinas en 1982, derivaron en el llamado a elecciones nacionales. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina y la población se agolpó en la Plaza de Mayo para festejar el regreso de la democracia y la libertad, exhortando justicia.

El gobierno radical de Raúl ordenó el juzgamiento de los responsables del terrorismo de estado, creando el Juicio a las Juntas. La sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los acusados. Luego de este suceso se instauró en el Código Penal de los países latinoamericanos la figura de la desaparición forzada de personas, y que consiguió a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.