En los últimos años se podría tomar como antecedente las protestas estudiantiles de 2011, los estudiantes chilenos arremetieron contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Durante el mandato de Michelle Bachelet unas 204.000 personas participaron en discusiones para consolidar una nueva Constitución, el proyecto se presentó ante al Congreso en marzo de 2018. La situación política entró en crisis luego del alza en el valor del Transporte Público, el precio del pasaje del Metro sería de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). Ante esto, los estudiantes chilenos salieron a protestar porque mensualmente un chileno gasta el 30% de su salario en transporte, cifra realmente elevada.
La brecha social en el país también ha sido un factor importante en el estallido de la huelga social. El Cepal informó que:
el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otro lado, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423), según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el 50% de los trabajadores ganan 400.000 pesos (US$562) al mes o hasta menos. En tal sentido, el aumento del Metro es realmente inconcebible.
Luego de unos días de fuertes desordenes en la ciudad, Piñera decidió decretar el estado de emergencia, lo que significó el uso de las fuerzas militares quienes, además, ordenaron toque de queda. Pero, la situación de caos no cesó, los manifestantes tenían claras sus exigencias.
La protesta de Chile ha tomado una repercusión internacional y es símbolo de admiración para muchos latinoamericanos que han demostrado su apoyo al pueblo chileno. Durante las manifestaciones chilenas la plaza Italia, en Santiago de Chile se ha convertido en el lugar de encuentro por excelencia.
El lema de las protestas es: Todo el poder a las asambleas por las propuestas de democracia participativa estas son una alternativa a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, rechazados entre la población.
El sur de Chile experimentó fuertes enfrentamientos en los alrededores del Congreso, en el puerto de Valparaíso y también en ciudades como Temuco o Concepción, como un acto simbólico los manifestantes derribaron un monumento de Pedro de Valdivia, conquistador español.
Luego de varios meses de protestas, saqueos, huelgas, motines la población chilena ha logrado que los políticos tomen una decisión de calibre histórico. Sebastián Piñera, presidente de la nación, y Jaime Quintana, presidente del Senado, han informado que en el mes de abril de 2020 se celebrará un plebiscito para decidir el cambio de la carta fundamental de 1980. Constitución política que se redactó en tiempos de dictadura. Los chilenos tendrán el derecho de elegir su reemplazo por una “convención constitucional” con miembros nuevos que tengan funciones constituyentes paralelas al Congreso o una “convención mixta” compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% de delegados. Debemos indicar que, los representantes serán elegidos en octubre de 2020, aprovechando las elecciones municipales y regionales. Luego pasara a votación en el Congreso.
El gobierno indica que esta decisión es una salida pacífica y democrática a la crisis. Frente a esto Gonzalo Blumel, ministro del Interior, afirma:
Hemos tenido días difíciles. Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido. Gracias a todos los que lo hicieron posible
Este ha sido comentado en los diferentes medios de comunicación del país como un hecho histórico pues sería la primera vez que Chile tenga una carta magna nacida desde la democrática. El plazo para redactar la nueva Constitución será máximo de un año. Las pretensiones del partido de derecha de la Unión Demócrata Independiente (UDI) no serán tenidas en cuenta para su redacción. Los artículos deberán contar con el voto de dos tercios de los delegados. Chile podrá deshacerse totalmente de las llamadas leyes de amarre, responsables del estancamiento de la educación, la salud y el régimen pensional.
La política chilena se encuentra en jaque, el presidente posee un 15% de popularidad, Piñera actualmente enfrenta acusaciones de violaciones a los derechos humanos puesto que más de 2000 personas han resultado heridas durante las semanas de manifestaciones. En cuanto a la infraestructura pública sus daños se calculan en 4.500 millones de dólares. Se prevé, según el ministerio de Hacienda, que habrán alrededor de 300.000 nuevos desempleados en el país, y la depreciación de la moneda es cada vez mayor.